Asociación para la defensa de los consumidores y usuarios de la provincia de Alicante

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CRÉDITOS AL CONSUMO

CRÉDITOS AL CONSUMO
Cualquier préstamo que un profesional o empresa otorga a un consumidor para la adquisición de un bien o la contratación de un servicio, está sometido a la ley de Crédito al Consumo. Las facilidades que se ofrecen al consumidor en un inicio de la relación no se corresponden con los problemas que luego le pueden surgir. Los perjuicios para el consumidor pueden ser enormes si no está atento. Conocer nuestros derechos y ejercitarlos es la única forma de defensa.

El crédito al consumo es aquel préstamo que un profesional o empresa, dentro del ejercicio de su actividad profesional, concede a un consumidor final para que adquiera un bien o un servicio. Eso significa que sólo aquella persona física que actúa con un propósito personal, ajeno a su actividad profesional o empresaria, y que pretende la satisfacción de una necesidad de consumo, está protegida por las normas contenidas en la Ley de Crédito al Consumo. Por ejemplo, un consumidor que compra en un establecimiento un ordenador para su casa y para su pago utiliza la financiación que le ofrece el vendedor estaría protegido por la normativa. Pero no lo estaría el profesional que compra el mismo ordenador, también con idéntica financiación, pero para utilizarlo en su empresa. No obstante, en caso de duda sobre si el bien o servicio es para consumo propio o no, le corresponderá probar a las entidades financieras que no se trataba de un consumidor final.
Es habitual que el propio vendedor del bien o proveedor del servicio que el consumidor pretende adquirir facilite la financiación de dicho bien o servicio, pero obviamente en la financiación aparece el prestamista, una entidad financiera, que es la que abona el importe total al vendedor o proveedor por la operación, y a quien el consumidor deberá devolver posteriormente dicho importe. Es decir, se trata de una relación a tres bandas donde intervienen tres sujetos diferentes, por un lado el vendedor o proveedor del bien o servicio, por otro el prestamista que financia la operación y paga al anterior el importe íntegro, y por otra el consumidor, que contrata y se relaciona con ambos. En este caso se trata de contratos vinculados.
La experiencia ha demostrado que la facilidad que se le ofrece en un principio al consumidor a la hora de adquirir un bien o servicio con financiación ajena no se corresponde con los problemas que luego se le pueden presentar. Puede ocurrir que se encuentre con que ha solicitado un préstamo con el compromiso de su devolución íntegra más los intereses, y que sin embargo, el bien o servicio para el que lo pidió no se ha entregado o prestado, se ha hecho de forma deficiente o irregular, o no cumple las expectativas. En tales casos, con demasiada frecuencia la entidad prestataria se desentiende de los problemas que el consumidor pudiera tener con el vendedor o con el proveedor, pero eso sí, como no pague religiosamente las cuotas del préstamo que asumió, se puede ver en los Juzgados con una demanda, y por supuesto, incluido en el fichero de morosos. Y nos remitimos al caso Opening como más significativo de lo que decimos, donde los pobres alumnos que se vieron privados de recibir el servicio contratado por el cierre de las academias de inglés, tuvieron que resolver en el Juzgado los préstamos que habían solicitado para el pago de sus cursos ante las demandas presentadas por las entidades financieras que exigían la devolución de lo que habían pagado a la academia. Puesto que no atendían a razones, presentaron sus demandas, y fueron los Jueces los que en la mayoría de las ocasiones las desestimaron dándoles la razón a los alumnos, al considerar que en el caso concreto no estaban obligados a devolver los préstamos otorgados.
Nada asegura que casos similares vuelvan a repetirse, pero al menos si sabemos antes de contratar qué es lo que estamos firmamos realmente, y qué es lo que tenemos derecho a exigir, podremos evitar futuros problemas.

No todos son créditos al consumo
No todos los créditos al consumo están sujetos a la normativa protectora que establece la Ley de Crédito al Consumo. Para que ello sea así se requiere que se cumplan determinados requisitos, además de que se trate de una relación entre un consumidor final y un profesional o empresa como antes dijimos.

Importe
Para que se considere el contrato como de crédito al consumo, la cantidad financiada no podrá ser inferior a 150 euros, ni superior a 20.000 euros. Aunque en este último caso le son aplicables determinadas normas de la Ley del Crédito al Consumo como las relativas a la oferta vinculante, publicidad sobre las ofertas de crédito, o información sobre anticipos en descubierto entre otras.

Carácter oneroso de la financiación
Eso significa que la financiación debe tener un coste para el consumidor, pues se excluyen del ámbito de aplicación de la ley aquellos contratos en los que la financiación concedida es gratuita.
Pero para considerar que es gratuita o no la financiación, habrá de tenerse en cuenta no sólo que no se haya pactado de interés, o que éste sea cero, sino también que no haya obligación por parte del consumidor de remunerar otros conceptos distintos del tipo de interés y que integran el coste total del crédito, como comisiones o gastos, entre lo que se incluirían los derivados del seguro de amortización del crédito, cuando sea exigido por el prestamista para conceder el crédito.
En los servicios de prestación continuada, como la impartición de un curso, no son gratuitos los créditos que aunque no tengan interés, su concesión conlleve alguna retribución por el proveedor de los servicios a la entidad prestamista.

Contratos vinculados
Donde se producen mayores problemas, y donde la ley es por ello más protectora con el consumidor es en los contratos vinculados, que como veíamos en el ejemplo del caso Opening, se caracterizan por la intervención de tres sujetos diferentes: el vendedor o proveedor del bien o servicio que se pretende adquirir, el consumidor que adquiere ese bien o servicio, y el prestamista que financia la adquisición de ese bien o servicio.
La Ley determina que cuando en el contrato para adquirir el bien o servicio se establezca expresamente que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación, la eficacia del contrato quedará condicionada a la efectiva obtención de ese crédito.
Y en igual sentido, en caso de que sea ineficaz el contrato suscrito por el consumidor con el vendedor o proveedor, también será ineficaz el contrato expresamente destinado a su financiación. Pero para ello es preciso que se hayan celebrados dos contratos, uno de crédito y otro de adquisición del bien o servicio con dos personas distintas, el proveedor y el prestamista; que entre estos dos últimos exista un acuerdo previo y en exclusiva; y que el consumidor haya obtenido el crédito en virtud de dicho acuerdo. Aunque si son servicios de prestación continuada, sólo será suficiente que entre el concedente del crédito y el proveedor de los servicios haya una acuerdo previo, sin necesidad de que sea en exclusiva, en virtud del cual la entidad ofrecerá crédito a los clientes del proveedor que contraten sus servicios. También será necesario que el consumidor haya reclamado previamente al proveedor del bien o servicio, y no haya obtenido respuesta a su petición.

Requisitos del contrato
Oferta vinculante
Antes de contratar la operación, el consumidor tiene derecho a disponer de información completa y transparente sobre las condiciones económicas y financieras del crédito. La entidad está obligada a su entrega si así se lo solicita el consumidor. El plazo de validez de la oferta vinculante es de diez días hábiles desde su entrega
Se pretende con ello que el consumidor antes de contratar sepa con certeza el coste real de la operación con el fin de que pueda comparar distintas ofertas y decidirse por la que más le convenga a sus intereses.

Forma escrita
El contrato debe ser por escrito, debiendo entregar el prestamista a cada una de las partes intervinientes, un ejemplar del contrato firmado, o de lo contrario se considerará que el contrato es nulo, es decir, inexistente.

Contenido
En el contrato deben constar como mínimo las siguientes menciones:
- TAE (Tasa Anual Equivalente). Es el coste total del crédito expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido, así como las condiciones de su modificación. Si no es posible indicar la TAE, deberá constar el Tipo de Interés Nominal Anual, los gastos aplicables y las condiciones de su modificación.
- Importe a financiar.
- importe de la cuota, número de cuotas y periodicidad, o bien una relación de las fechas en las que el consumidor debe realizar el reintegro del crédito y el pago de los intereses y gastos.
-Elementos que componen el coste total del crédito, indicando cuáles se integran en el cálculo de la TAE. También se indicará la necesidad de constituir un seguro de amortización del crédito si ello fuera exigido por el prestamista para conceder el crédito.


Categoria: ECONOMÍA


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